Tras la intervención de la Defensoría del Pueblo, se reunieron el gerente regional de Educación, Rafael Moya Rondo, el comisionado de la Defensoría del Pueblo en La Libertad; Federico Corzo y el Gerente de Salud; Constantino Vila Córdova, para coordinar acciones inmediatas frente a las dificultades que tienen las comisiones de UGEL’s en casos de presunta violencia psicológica, sexual o física.

Como medida preventiva se estableció que al 30 de noviembre del 2019 , los docentes, auxiliares, administrativos, directivos y otros que trabajen en instituciones educativas de la región, presentarán su evaluación psicológica dentro de su hoja de vida, con la finalidad de salvaguardar el compromiso ético profesional y la protección a la comunidad educativa respecto a denuncias de violencia.

Esta medida preventiva además permitirá, uniformizar criterios de sanción para este tipo de casos, reafirmando contundentemente la protección del prestigio a la carrera profesional docente y administrativa.

Esta acción se realiza luego de que la Defensoría del Pueblo, advirtiera que algunos procesos presentan retrasos para la evaluación psicológica del presunto agresor.

Frente a esta situación también se ha propuesto elaborar convenios con centros de salud o MINSA, para que elaboren este tipo de exámenes y establezcan de manera concluyente el grado de afectación hacia las víctimas.

El personal de las instituciones educativas privadas también debe presentar la misma documentación en la fecha indicada, debiendo estar consignada en el área administrativa de la institución educativa adjunta de un informe ejecutivo del cumplimiento de la disposición a la UGEL.

 

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