La Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) y el Congreso de la República suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional con el objeto de establecer las condiciones de apoyo mutuo para el desarrollo de actividades académicas conjuntas, dirigidas a lograr los objetivos y metas de cada institución.
El compromiso fue suscrito entre la rectora de la UPAO, doctora Yolanda Peralta Chávez, y el Oficial Mayor del parlamento nacional, abogado Gianmarco Paz Mendoza, y en él se suscribe el compromiso de ambas instituciones por un plazo de tres años, pudiendo ser renovado con la firma de una adenda acordada por ambas partes.
El acuerdo se refiere a la organización de actividades académicas, como diplomados, seminarios, cursos y talleres, y de capacitación, en forma conjunta, dirigidas a sus docentes y funcionarios en temas relativos al Poder Legislativo, sus funciones, procedimientos parlamentarios y otros temas relativos a este poder del Estado, así como de los congresistas y personal de servicio legislativo en temas relativos a las funciones de la universidad y de procesos de promoción de la inversión privada en servicios públicos y obras públicas de infraestructura.
Ambas instituciones deberán promover la participación de congresistas, funcionarios y personal parlamentario y sus funcionarios como asistentes en los diplomados, seminarios, cursos y talleres de capacitación que organice la UPAO, y proporcionar material bibliográfico y publicaciones que elabore el Congreso, además de propiciar el canje e intercambio de publicaciones entre las instituciones.
Por su parte, la UPAO se compromete a organizar actividades académicas y promover la participación de docentes, funcionarios y trabajadores, y contribuir a la difusión de medios físicos, magnéticos y electrónicos sobre temas relativos al Poder Legislativo, en un acuerdo que no implica de ninguna forma transferencia de recursos económicos ni pago de contraprestaciones.
En el convenio también se estableció que los coordinadores serán el jefe del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios, por parte del Congreso, y el director de la Escuela de Derecho, por la UPAO, quienes deberán establecer los mecanismos operativos y administrativos pertinentes para su ejecución.
