El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), dio un plazo de diez días hábiles a las empresas operadoras para que cesen la contratación del servicio de telefonía móvil en la vía pública, porque no brinda las medidas de seguridad necesarias, ni garantiza la entrega adecuada de información a los usuarios.
Esta medida se adoptó debido a que las empresas operadoras vienen ofreciendo chips de telefonía móvil en calles, plazas, mercados y bulevares de Lima y el interior del país, informalidad que expone a los abonados a contrataciones fraudulentas, mal uso de datos personales y a información no veraz sobre la contratación de los servicios.
De acuerdo con las Condiciones de Uso, la contratación de los servicios públicos móviles debe realizarse en puntos de venta habilitados y ubicados en una dirección específica, salvo que se trate de ferias itinerantes en centros poblados rurales o la modalidad delivery.
A mediados de este año, el OSIPTEL realizó más de 100 acciones de supervisión a nivel nacional en las cuales advirtió que la mayoría de vendedores ambulantes de chips de las empresas operadoras habrían brindado información no veraz o incompleta a los solicitantes de líneas móviles.
Asimismo, en otros casos no se realizaba la verificación biométrica de la huella dactilar para la identificación del contratante. Adicionalmente se observó que –en algunos casos– se comercializaban líneas pre activadas bajo la titularidad de terceras personas.
Cabe señalar que, de acuerdo con el Reglamento del Decreto Legislativo 1338, que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG), “las empresas operadoras se encuentran prohibidas de comercializar chips, SIM Cards y cualquier otro dispositivo similar con el servicio activado antes de registrar los datos de identificación del abonado en el registro de abonados”. Asimismo, establece el Reglamento que las empresas operadoras son responsables de todo el proceso de contratación del servicio público móvil que provean.
