La implementación de la Ley del Servicio Civil se haría realidad en el primer trimestre del presente año, cuando unos 30 mil trabajadores de 20 instituciones estatales tengan la oportunidad de migrar voluntariamente al nuevo régimen de la Ley Servir, de acuerdo con el presidente de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Juan Carlos Cortés.
Estas 20 entidades, que incluyen a cinco ministerios y 15 entidades estatales, recibieron del mandatario Ollanta Humala las resoluciones que confirman que están listos para definir cuántos puestos requieren y los sueldos de cada uno, para luego convocar a los concursos públicos en los que tendrán que participar los trabajadores que deseen migrar a la Ley Servir.
El universo al que apunta está conformado por 600 mil servidores públicos, entre los cuales figuran los del CAS y los del régimen público 276, así como los del régimen laboral privado del decreto legislativo 728. «Son unos 250 mil de 276, una cifra similar de cas, y unos 100 mil de 728», detalló Cortés.
El laboralista Ricardo Herrera, comentó que los trabajadores del cas y de la 276 sí tendrían incentivos claros para pasar al nuevo régimen. En el caso del cas, porque tendrán gratificaciones y CTS y estarán en planilla, mientras que en el régimen 276, todos sus ingresos servirán para el cálculo de esos beneficios. En cambio, los servidores bajo el régimen privado 728 tendrían que pensarlo bien, advirtió.
«Primero que deben ser liquidados en su régimen por su entidad pública, y ser incorporados como nuevos trabajadores en el régimen del servicio civil, dejando todos los beneficios laborales que pudieron haber acumulado, y además someterse a exámenes de capacidad laboral, de rendimiento de productividad anuales, y como lo dice la Ley Servir si el trabajador durante dos años consecutivos desaprueba esos exámenes de evaluación de su rendimiento va a poder ser separado por bajo rendimiento del estado», puntualizó Herrera.
El objetivo de la implementación de la Ley Servir, según Cortés, es mejorar la calidad de los servicios que brinda el estado a los ciudadanos y acortar los plazos de trámites.
Agregó que ya hay 210 entidades interesadas en la migración y descartó que el objetivo del nuevo régimen sea despedir trabajadores.
