Tras reconocer el legítimo derecho que tienen los maestros de pedir mejores salarios y otras demandas sociales, el gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez Farías, les reiteró su pedido de retornar a clases y se comprometió a ser el intermediario o interlocutor de sus demandas ante el Gobierno Nacional.
“Entendemos su derecho a manifestarse y creo que hay mejoras que pueden atenderse pero hoy la huelga genera un perjuicio para los niños, que ya tuvieron 30 días de pérdida de clases durante el fenómeno del Niño Costero, por eso me he comprometido a ser su interlocutor o intermediario con el Ejecutivo”, dijo.
Respecto al tema de la legalidad de la huelga, precisó que eso no es competencia del Gobierno Regional sino del Ministerio de Educación y que ellos tienen la responsabilidad de pronunciarse al respecto.
“Lo que si pido es que esto no se politice porque no vamos a encontrar soluciones. Lo que se debe hacer es sentarse a la mesa técnica de negociaciones para dialogar, ver cómo se pueden solucionar los reclamos y arribar a acuerdos” agregó.
Señaló luego que en La Libertad hay unos 32 mil maestros, que la información que tiene es que más del 75% de ellos están en aulas y que conversado con representantes del magisterio y ha visto aptitud de querer encontrar una solución a la actual situación.
“Un día perdido de clases representa menos conocimiento y menos valores para los estudiantes. Mi reconocimiento, agradecimiento y gratitud para aquellos que están en aulas y a quienes no están asistiendo a dictar clases los invito a conversar y a dialogar”, enfatizó.
Respecto al descuento y sanciones a los maestros indicó que el cumplimiento de la ley es una obligación de los gobernadores. “Las huelgas son un derecho de las personas, pero cuando se afecta el derecho de terceros, como en este caso, lo ideal es conversar y buscar puntos de encuentro”, señaló.
Agregó que como autoridad hay normas que debe cumplir y que la Contraloría General de la República ha hecho conocer a los gobiernos regionales que no se pague a los servidores públicos que no prestan servicio efectivo.
