El Poder Ejecutivo aprobó la Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, con el fin de promover y consolidar la intervención del Estado y lograr resultados eficaces en la lucha contra estos delitos.
El decreto supremo Nº 018-2017-JUS, oficializa esta política y fortalece la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, CONTRALAFT.
Dicha comisión articula la participación de diversos sectores y es presidida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus).
Es resultado de un amplio proceso de análisis, validación y consenso de 34 entidades del sector público y privado, y se sostiene en los principios de eficacia, transparencia, cooperación internacional y participación de la sociedad civil.
La política nacional toma en cuenta las amenazas detectadas en la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) tales como la existencia de cultivos de coca, primer eslabón del narcotráfico; remanentes de grupos terroristas, incremento en la corrupción pública, y rutas del narcotráfico y contrabando.
La CONTRALAFT está integrada por representantes del Ministerio Público, así como de los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Economía y Finanzas; Comercio Exterior y Turismo, Transportes y Comunicaciones y Defensa.
La política nacional aprobada consolida la participación del Perú en el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que lo obliga a cumplir recomendaciones y estándares internacionales para erradicar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
