Para reforzar en La Libertad acciones contra los delitos aduaneros y la piratería, se instaló en la Casa de Gobierno la comisión regional que preside el gobernador regional Luis Valdez Farías.
La autoridad regional adelantó que se diseñará un plan con estrategias innovadoras para abordar estos temas y que se desarrollarán acciones de sensibilización conjunta con los organismos que la integran, realizando un trabajo serio y efectivo.
En la reunión se dio a conocer, en síntesis, las funciones y acciones que realizarán los integrantes de la comisión y Valdez Farías indicó que se implementará la Ordenanza Regional N° 016.2016-GRLL/CR y que la Gerencia Regional de la Producción se sumará a las labores de la comisión, a la que además pertenecen los sectores Salud y Educación.
“Hay que darle sostenibilidad a las acciones que se realizarán pensando que siempre van a presentarse problemas por delitos aduaneros y piratería”, dijo Valdez Farías en esta actividad, acordándose que la próxima reunión será el 5 de octubre, en la Casa de Gobierno.
La agenda a tratar será: síntesis de las acciones de la Comisión Regional La Libertad, implementación de la Ordenanza Regional a cargo de la Gerencia de Producción, análisis sobre la elaboración de un estudio de impacto económico y social sobre los delitos de contrabando y piratería.
María del Rosario Millán Solar, representante de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad y presidenta del comando operativo de lucha contra el contrabando y la piratería dio a conocer las acciones y logros de la instancia que preside, señalando que pese a los pocos recursos y logística se hizo un buen trabajo. “Creo que con el apoyo del Gobierno Regional vamos a desarrollar una mejor labor”, dijo, agradeciendo a Valdez Farías por haber dado la importancia que se requiere a esta comisión
La comisión se ha planteado, además, planificar, coordinar y organizar las acciones destinadas a contrarrestar los delitos aduaneros y la piratería, las que serán ejecutadas por las instituciones encargadas de la prevención y represión de estos delitos; supervisar y evaluar permanentemente la ejecución de las tareas que las instituciones responsables deben realizar y el impacto correspondiente.
