Nuevo régimen agrario debe preservar empleos y ayudar a la recuperación del país

El presidente de la Asociación de Exportadores, Erik Fischer Llanos, solicitó al pleno del Congreso de la República tomar una decisión estrictamente técnica, pensando en el futuro del país, cuando mañana lunes debata el dictamen de la Ley Agraria, aprobado ayer sábado por la Comisión de Economía.

“La pobreza es el gran enemigo del Perú y la generación de puestos de trabajo el objetivo a priorizar, pero se debe tener en cuenta que son las empresas las que crean los empleos y es responsabilidad del Estado crear un entorno favorable para su crecimiento”, dijo.

Recordó que, entre enero y octubre de este año, del total de empresas exportadoras por monto y de todos los sectores, solo el 11.8% son grandes, 2.1% medianas, 27.1% pequeñas y 59% microempresas. “Esta es la estructura y claramente nos dice que nos falta hacer más a fin de hacer competitivo nuestro aparato productivo. Las normas que se den desde el Ejecutivo y el Legislativo deben ayudar a ello”, pidió.

Una empresa que cierra –continuó– es un trabajador que no recuperará su empleo. La pandemia debilitó el tejido productivo, afectó la producción, la demanda y por consiguiente la generación del empleo, todo lo cual resulta en una combinación peligrosa para nuestro sistema democrático y economía de mercado.

“En muchas micro y pequeñas empresas el perjuicio ha sido a nivel estructural, menoscabando y reduciendo a cero su capacidad productiva. Recuperar la dinámica es difícil para la gran mayoría”, acotó.

Estabilidad jurídica

En ese sentido, Fischer Llanos consideró importante la estabilidad jurídica con el objetivo de promover las inversiones. “Los empresarios invirtieron en el marco de una ley aprobada en el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, sabemos que las leyes son perfectibles, pero estas deben darse de forma técnica”, apuntó.

Agregó que los cambios planteados en el dictamen alterarán la estructura de los costos de las empresas que invirtieron; su nivel de endeudamiento, apalancamiento y los créditos serán más caros, las impactará negativamente, por ello solicitó que los ajustes sean técnicos y concertados a fin de no afectar, ni a los trabajadores, ni a las empresas.

Asimismo, consideró que la iniciativa (en el dictamen) para repartir las utilidades a los trabajadores –la propuesta era de 5% y la aprobaron en 10%– afectará a las pequeñas empresas que no logren un punto de equilibrio. “El congreso debe legislar pensando en todas las empresas, no solo las grandes”, detalló.

Los congresistas –expresó– tienen una gran responsabilidad con el país. Detrás de esta actividad están los trabajadores, las empresas que generan los empleos y las que integran su cadena, como las comercializadoras de semillas, agroquímicos, envases y embalajes, certificadoras, empresas de logística y de transporte; también los pequeños productores que son contratados con la modalidad de siembra por contrato.

A tomar en cuenta

ADEX envió al congreso ocho propuestas con el objetivo de crear un nuevo marco jurídico que permita generar puestos de trabajo formales y descentralizados, así como fomentar la inversión privada.

Las agroexportaciones ayudaron a generar el año pasado cerca de 1 millón 236 mil empleos (directos, indirectos e inducidos) en regiones como Ica, La Libertad, Piura, Lambayeque, Lima y Arequipa.

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